Capítulo IV
La vida en la comunidad política
La vida pública en nuestros días
73. En nuestra época se advierten profundas transformaciones
también en las estructuras y en las instituciones de
los pueblos como consecuencia de la evolución cultural,
económica y social de estos últimos. Estas transformaciones
ejercen gran influjo en la vida de la comunidad política
principalmente en lo que se refiere a los derechos y deberes
de todos en el ejercicio de la libertad política y en
el logro del bien común y en lo que toca a las relaciones
de los ciudadanos entre sí y con la autoridad pública.
La conciencia más viva de la dignidad humana ha hecho
que en diversas regiones del mundo surja el propósito
de establecer un orden político-jurídico que proteja
mejor en la vida pública los derechos de la persona,
como son el derecho de libre reunión, de libre asociación,
de expresar las propias opiniones y de profesar privada y públicamente
la religión. Porque la garantía de los derechos
de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos,
como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar
activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública.
Con el desarrollo cultural, económico y social se consolida
en la mayoría el deseo de participar más plenamente
en la ordenación de la comunidad política. En
la conciencia de muchos se intensifica el afán por respetar
los derechos de las minorías, sin descuidar los deberes
de éstas para con la comunidad política; además
crece por días el respeto hacia los hombres que profesan
opinión o religión distintas; al mismo tiempos
e establece una mayor colaboración a fin de que todos
los ciudadanos, y no solamente algunos privilegiados, puedan
hacer uso efectivo de los derechos personales.
Se reprueban también todas las formas políticas,
vigentesen ciertas regiones, que obstaculizan la libertad civil
o religiosa, multiplican las víctimas de las pasiones
y de los crímenes políticos y desvían el
ejercicio de la autoridad en la prosecución del bien
común, para ponerla al servicio de un grupo o de los
propios gobernantes.
La mejor manera de llagar a una política auténticamente
humana es fomentar el sentido interior de la justicia, de la
benevolencia y del servicio al bien común y robustecer
las convicciones fundamentales en lo que toca a la naturaleza
verdadera de la comunidad política y al fin, recto ejercicio
y límites de los poderes públicos.
Naturaleza y fin de la comunidad política
74. Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen
la comunidad civil son conscientes de su propia insuficiencia
para lograr una vida plenamente humana y perciben la necesidad
de una comunidad más amplia, en la cual todos conjuguen
a diario sus energías en orden a una mejor procuración
del bien común. Por ello forman comunidad política
según tipos institucionales varios. La comunidad política
nace, pues, para buscar el bien común, en el que encuentra
su justificación plena y su sentido y del que deriva
su legitimidad primigenia y propia. El bien común abarca
el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales
los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con
mayor plenitud y facilidad su propia perfección.
Pero son muchos y diferentes los hombres que se encuentran
en una comunidad política, y pueden con todo derecho
inclinarse hacia soluciones diferentes. A fin de que, por la
pluralidad de pareceres, no perezca la comunidad política,
es indispensable una autoridad que dirija la acción de
todos hacia el bien común no mecánica o despóticamente,
sino obrando principalmente como una fuerza moral, que se basa
en la libertad y en el sentido de responsabilidad de cada uno.
Es, pues, evidente que la comunidad política y la autoridad
pública se fundan en la naturaleza humana, y, por lo
mismo, pertenecen al orden previsto por Dios, aun cuando la
determinación del régimen político y la
designación de los gobernantes se dejen a la libre designación
de los ciudadanos.
Síguese también que el ejercicio de la autoridad
política, así en la comunidad en cuanto tal como
en las instituciones representativas, debe realizarse siempre
dentro de los límites del orden moral para procurar el
bien común -concebido dinámicamente- según
el orden jurídico legítimamente establecido o
por establecer. Es entonces cuando los ciudadanos están
obligados enconciencia a obedecer. De todo lo cual se deducen
la responsabilidad, la dignidad y la importancia de los gobernantes.
Pero cuando la autoridad pública, rebasando su competencia,
oprime a los ciudadanos, éstos no deben rehuir las exigencias
objetivas del bien común; les es lícito, sin embargo,
defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso
de tal autoridad, guardando los límites que señala
la ley natural y evangélica.
Las modalidades concretas por las que la comunidad política
organiza su estructura fundamental y el equilibrio de los poderes
públicos pueden ser diferentes, según el genio
de cada pueblo y la marcha de su historia. Pero deben tender
siempre a formar un tipo de hombre culto, pacífico y
benévolo respecto de los demás para provecho de
toda la familia humana.
Colaboración de todos en la vida pública
75. Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que
se constituyan estructuras político-jurídicas
que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación
alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas
de tomar parte libre y activamente en la fijación de
los fundamentos jurídicos de la comunidad política,
en el gobierno de la cosa pública, en la determinación
de los campos de acción y de los límites de las
diferentes instituciones y en la elección de los gobernantes.
Recuerden, por tanto, todos los ciudadanos el derecho y al mismo
tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover
el bien común. La Iglesia alaba y estima la labor de
quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la
cosa pública y aceptan las cargas de este oficio.
Para que la cooperación ciudadana responsable pueda
lograr resultados felices en el curso diario de la vida pública,
es necesario un orden jurídico positivo que establezca
la adecuada división de las funciones institucionales
de la autoridad política, así como también
la protección eficaz e independiente de los derechos.
Reconózcanse, respétense y promuévanse
los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones,
así como su ejercicio, no menos que los deberes cívicos
de cada uno. Entre estos últimos es necesario mencionar
el deber de aportar a la vida pública el concurso material
y personal requerido por el bien común. Cuiden los gobernantes
de no entorpecer las asociaciones familiares, sociales o culturales,
los cuerpos o las instituciones intermedias, y de no privarlos
de su legítima y constructiva acción, que más
bien deben promover con libertad y de manera ordenada. Los ciudadanos
por su parte, individual o colectivamente, eviten atribuir a
la autoridad política todo poder excesivo y no pidan
al Estado de manera inoportuna ventajas o favores excesivos,
con riesgo de disminuir la responsabilidad de las personas,
de las familias y de las agrupaciones sociales.
A consecuencia de la complejidad de nuestra época,
los poderes públicos se ven obligados a intervenir con
más frecuencia en materia social, económica y
cultural para crear condiciones más favorables, que ayuden
con mayor eficacia a los ciudadanos y a los grupos en la búsqueda
libre del bien completo del hombre. Según las diversas
regiones y la evolución de los pueblos, pueden entenderse
de diverso modo las relaciones entre la socialización
y la autonomía y el desarrollo de la persona. Esto no
obstante, allí donde por razones de bien común
se restrinja temporalmente el ejercicio de los derechos, restablézcase
la libertad cuanto antes una vez que hayan cambiado las circunstancias.
De todos modos, es inhumano que la autoridad política
caiga en formas totalitarias o en formas dictatoriales que lesionen
los derechos de la persona o de los grupos sociales.
Cultiven los ciudadanos con magnanimidad y lealtad el amor
a la patria, pero sin estrechez de espíritu, de suerte
que miren siempre al mismo tiempo por el bien de toda la familia
humana, unida por toda clase de vínculos entre las razas,
pueblos y naciones.
Los cristianos todos deben tener conciencia de la vocación
particular y propia que tienen en la comunidad política;
en virtud de esta vocación están obligados a dar
ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al bien
común, así demostrarán también con
los hechos cómo pueden armonizarse la autoridad y la
libertad, la iniciativa personal y la necesaria solidaridad
del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la
provechosa diversidad. El cristiano debe reconocer la legítima
pluralidad de opiniones temporales discrepantes y debe respetar
a los ciudadanos que, aun agrupados, defienden lealmente su
manera de ver. Los partidos políticos deben promover
todo lo que a su juicio exige el bien común; nunca, sin
embargo, está permitido anteponer intereses propios al
bien común.
Hay que prestar gran atención a la educación
cívica y política, que hoy día es particularmente
necesaria para el pueblo, y, sobre todo para la juventud, a
fin de que todos los ciudadanos puedan cumplir su misión
en la vida de la comunidad política. Quienes son o pueden
llegar a ser capaces de ejercer este arte tan difícil
y tan noble que es la política, prepárense para
ella y procuren ejercitarla con olvido del propio interés
y de toda ganancia venal. Luchen con integridad moral y con
prudencia contra la injusticia y la opresión, contra
la intolerancia y el absolutismo de un solo hombre o de un solo
partido político; conságrense con sinceridad y
rectitud, más aún, con caridad y fortaleza política,
al servicio de todos.
La comunidad política y la Iglesia
76. Es de suma importancia, sobre todo allí donde existe
una sociedad pluralística, tener un recto concepto de
las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia
y distinguir netamente entre la acción que los cristianos,
aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal,
como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la
acción que realizan, en nombre de la Iglesia, en comunión
con sus pastores.
La Iglesia, que por razón de su misión y de
su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad
política ni está ligada a sistema político
alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter
trascendente de la persona humana.
La comunidad política y la Iglesia son independientes
y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin
embargo, aunque por diverso título, están al servicio
de la vocación personal y social del hombre. Este servicio
lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de
todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación
entre ellas, habida cuesta de las circunstancias de lugar y
tiempo. El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte
temporal, sino que, sujeto de la historia humana, mantiene íntegramente
su vocación eterna. La Iglesia, por su parte, fundada
en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más
el reino de la justicia y de la caridad en el seno de cada nación
y entre las naciones. Predicando la verdad evangélica
e iluminando todos los sectores de la acción humana con
su doctrina y con el testimonio de los cristianos, respeta y
promueve también la libertad y la responsabilidad políticas
del ciudadano.
Cuando los apóstoles y sus sucesores y los cooperadores
de éstos son enviados para anunciar a los hombres a Cristo,
Salvador del mundo, en el ejercicio de su apostolado se apoyan
sobre el poder de Dios, el cual muchas veces manifiesta la fuerza
del Evangelio en la debilidad de sus testigos. Es preciso que
cuantos se consagran al ministerio de la palabra de Dios utilicen
los caminos y medios propios del Evangelio, los cuales se diferencian
en muchas cosas de los medios que la ciudad terrena utiliza.
Ciertamente, las realidades temporales y las realidadessobrenaturales
están estrechamente unidas entre sí, y la misma
Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión
lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios
dados por el poder civil; más aún, renunciará
al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos
tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza
de su testimonio o las nuevas condiciones de vida exijan otra
disposición. Es de justicia que pueda la Iglesia en todo
momento y en todas partes predicar la fe con auténtica
libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión
entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso
sobre materias referentes al orden político, cuando lo
exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación
de las almas, utilizando todos y solos aquellos medios que sean
conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad
de tiempos y de situaciones.
Con su fiel adhesión al Evangelio y el ejercicio de
su misión en el mundo, la Iglesia, cuya misión
es fomentar y elevar todo cuanto de verdadero, de bueno y de
bello hay en la comunidad humana, consolida la paz en la humanidad
para gloria de Dios.
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