V. ESTADO Y CULTURA
44. León XIII no ignoraba que una sana teoría
del Estado era necesaria para asegurar el desarrollo normal de
las actividades humanas: las espirituales y las materiales, entrambas
indispensables 89. Por esto, en un pasaje de la Rerum novarum
el Papa presenta la organización de la sociedad estructurada
en tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial—,
lo cual constituía entonces una novedad en las enseñanzas
de la Iglesia 90. Tal ordenamiento refleja una visión realista
de la naturaleza social del hombre, la cual exige una legislación
adecuada para proteger la libertad de todos. A este respecto es
preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes
y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite.
Es éste el principio del «Estado de derecho»,
en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los
hombres.
A esta concepción se ha opuesto en tiempos modernos el
totalitarismo, el cual, en la forma marxista-leninista, considera
que algunos hombres, en virtud de un conocimiento más profundo
de las leyes de desarrollo de la sociedad, por una particular
situación de clase o por contacto con las fuentes más
profundas de la conciencia colectiva, están exentos del
error y pueden, por tanto, arrogarse el ejercicio de un poder
absoluto. A esto hay que añadir que el totalitarismo nace
de la negación de la verdad en sentido objetivo. Si no
existe una verdad trascendente, con cuya obediencia el hombre
conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio
seguro que garantice relaciones justas entre los hombres: los
intereses de clase, grupo o nación, los contraponen inevitablemente
unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa
la fuerza del poder, y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo
los medios de que dispone para imponer su propio interés
o la propia opinión, sin respetar los derechos de los demás.
Entonces el hombre es respetado solamente en la medida en que
es posible instrumentalizarlo para que se afirme en su egoísmo.
La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto,
en la negación de la dignidad trascendente de la persona
humana, imagen visible de Dios invisible y, precisamente por esto,
sujeto natural de derechos que nadie puede violar: ni el individuo,
el grupo, la clase social, ni la nación o el Estado. No
puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social, poniéndose
en contra de la minoría, marginándola, oprimiéndola,
explotándola o incluso intentando destruirla 91.
45. La cultura y la praxis del totalitarismo comportan además
la negación de la Iglesia. El Estado, o bien el partido,
que cree poder realizar en la historia el bien absoluto y se erige
por encima de todos los valores, no puede tolerar que se sostenga
un criterio objetivo del bien y del mal, por encima de la voluntad
de los gobernantes y que, en determinadas circunstancias, puede
servir para juzgar su comportamiento. Esto explica por qué
el totalitarismo trata de destruir la Iglesia o, al menos, someterla,
convirtiéndola en instrumento del propio aparato ideológico
92.
El Estado totalitario tiende, además, a absorber en sí
mismo la nación, la sociedad, la familia, las comunidades
religiosas y las mismas personas. Defendiendo la propia libertad,
la Iglesia defiende la persona, que debe obedecer a Dios antes
que a los hombres (cf. Hch 5, 29); defiende la familia, las diversas
organizaciones sociales y las naciones, realidades todas que gozan
de un propio ámbito de autonomía y soberanía.
46. La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida
en que asegura la participación de los ciudadanos en las
opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad
de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de
sustituirlos oportunamente de manera pacífica 93. Por esto
mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes
restringidos que, por intereses particulares o por motivos ideológicos,
usurpan el poder del Estado.
Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado
de derecho y sobre la base de una recta concepción de la
persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias
para la promoción de las personas concretas, mediante la
educación y la formación en los verdaderos ideales,
así como de la «subjetividad» de la sociedad
mediante la creación de estructuras de participación
y de corresponsabilidad. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo
y el relativismo escéptico son la filosofía y la
actitud fundamental correspondientes a las formas políticas
democráticas, y que cuantos están convencidos de
conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables
desde el punto de vista democrático, al no aceptar que
la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable
según los diversos equilibrios políticos. A este
propósito, hay que observar que, si no existe una verdad
última, la cual guía y orienta la acción
política, entonces las ideas y las convicciones humanas
pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de
poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en
un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia.
La Iglesia tampoco cierra los ojos ante el peligro del fanatismo
o fundamentalismo de quienes, en nombre de una ideología
con pretensiones de científica o religiosa, creen que pueden
imponer a los demás hombres su concepción de la
verdad y del bien. No es de esta índole la verdad cristiana.
Al no ser ideológica, la fe cristiana no pretende encuadrar
en un rígido esquema la cambiante realidad sociopolítica
y reconoce que la vida del hombre se desarrolla en la historia
en condiciones diversas y no perfectas. La Iglesia, por tanto,
al ratificar constantemente la trascendente dignidad de la persona,
utiliza como método propio el respeto de la libertad 94.
La libertad, no obstante, es valorizada en pleno solamente por
la aceptación de la verdad. En un mundo sin verdad la libertad
pierde su consistencia y el hombre queda expuesto a la violencia
de las pasiones y a condicionamientos patentes o encubiertos.
El cristiano vive la libertad y la sirve (cf. Jn 8, 31-32), proponiendo
continuamente, en conformidad con la naturaleza misionera de su
vocación, la verdad que ha conocido. En el diálogo
con los demás hombres y estando atento a la parte de verdad
que encuentra en la experiencia de vida y en la cultura de las
personas y de las naciones, el cristiano no renuncia a afirmar
todo lo que le han dado a conocer su fe y el correcto ejercicio
de su razón 95.
47. Después de la caída del totalitarismo comunista
y de otros muchos regímenes totalitarios y de «seguridad
nacional», asistimos hoy al predominio, no sin contrastes,
del ideal democrático junto con una viva atención
y preocupación por los derechos humanos. Pero, precisamente
por esto, es necesario que los pueblos que están reformando
sus ordenamientos den a la democracia un auténtico y sólido
fundamento, mediante el reconocimiento explícito de estos
derechos 96. Entre los principales hay que recordar: el derecho
a la vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo
a crecer bajo el corazón de la madre, después de
haber sido concebido; el derecho a vivir en una familia unida
y en un ambiente moral, favorable al desarrollo de la propia personalidad;
el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad
a través de la búsqueda y el conocimiento de la
verdad; el derecho a participar en el trabajo para valorar los
bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento popio y de
los seres queridos; el derecho a fundar libremente una familia,
a acoger y educar a los hijos, haciendo uso responsable de la
propia sexualidad. Fuente y síntesis de estos derechos
es, en cierto sentido, la libertad religiosa, entendida como derecho
a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad
trascendente de la propia persona 97.
También en los países donde están vigentes
formas de gobierno democrático no siempre son repetados
totalmente estos derechos. Y nos referimos no solamente al escándalo
del aborto, sino también a diversos aspectos de una crisis
de los sistemas democráticos, que a veces parece que han
perdido la capacidad de decidir según el bien común.
Los interrogantes que se plantean en la sociedad a menudo no son
examinados según criterios de justicia y moralidad, sino
más bien de acuerdo con la fuerza electoral o financiera
de los grupos que los sostienen. Semejantes desviaciones de la
actividad política con el tiempo producen desconfianza
y apatía, con lo cual disminuye la participación
y el espíritu cívico entre la población,
que se siente perjudicada y desilusionada. De ahí viene
la creciente incapacidad para encuadrar los intereses particulares
en una visión coherente del bien común. Éste,
en efecto, no es la simple suma de los intereses particulares,
sino que implica su valoración y armonización, hecha
según una equilibrada jerarquía de valores y, en
última instancia, según una exacta comprensión
de la dignidad y de los derechos de la persona 98.
La Iglesia respeta la legítima autonomía del orden
democrático; pero no posee título alguno para expresar
preferencias por una u otra solución institucional o constitucional.
La aportación que ella ofrece en este sentido es precisamente
el concepto de la dignidad de la persona, que se manifiesta en
toda su plenitud en el misterio del Verbo encarnado 99.
48. Estas consideraciones generales se reflejan también
sobre el papel del Estado en el sector de la economía.
La actividad económica, en particular la economía
de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío
institucional, jurídico y político. Por el contrario,
supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la
propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios
públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado
es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien
trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por
tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente.
La falta de seguridad, junto con la corrupción de los poderes
públicos y la proliferación de fuentes impropias
de enriquecimiento y de beneficios fáciles, basados en
actividades ilegales o puramente especulativas, es uno de los
obstáculos principales para el desarrollo y para el orden
económico.
Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio
de los derechos humanos en el sector económico; pero en
este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de
cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se
articula la sociedad. El Estado no podría asegurar directamente
el derecho a un puesto de trabajo de todos los ciudadanos, sin
estructurar rígidamente toda la vida económica y
sofocar la libre iniciativa de los individuos. Lo cual, sin embargo,
no significa que el Estado no tenga ninguna competencia en este
ámbito, como han afirmado quienes propugnan la ausencia
de reglas en la esfera económica. Es más, el Estado
tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando
condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola
donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis.
El Estado tiene, además, el derecho a intervenir, cuando
situaciones particulares de monopolio creen rémoras u obstáculos
al desarrollo. Pero, aparte de estas incumbencias de armonización
y dirección del desarrollo, el Estado puede ejercer funciones
de suplencia en situaciones excepcionales, cuando sectores sociales
o sistemas de empresas, demasiado débiles o en vías
de formación, sean inadecuados para su cometido. Tales
intervenciones de suplencia, justificadas por razones urgentes
que atañen al bien común, en la medida de lo posible
deben ser limitadas temporalmente, para no privar establemente
de sus competencias a dichos sectores sociales y sistemas de empresas
y para no ampliar excesivamente el ámbito de intervención
estatal de manera perjudicial para la libertad tanto económica
como civil.
En los últimos años ha tenido lugar una vasta
ampliación de ese tipo de intervención, que ha llegado
a constituir en cierto modo un Estado de índole nueva:
el «Estado del bienestar». Esta evolución se
ha dado en algunos Estados para responder de manera más
adecuada a muchas necesidades y carencias tratando de remediar
formas de pobreza y de privación indignas de la persona
humana. No obstante, no han faltado excesos y abusos que, especialmente
en los años más recientes, han provocado duras críticas
a ese Estado del bienestar, calificado como «Estado asistencial».
Deficiencias y abusos del mismo derivan de una inadecuada comprensión
de los deberes propios del Estado. En este ámbito también
debe ser respetado el principio de subsidiariedad. Una estructura
social de orden superior no debe interferir en la vida interna
de un grupo social de orden inferior, privándola de sus
competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso
de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de
los demás componentes sociales, con miras al bien común
100.
Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad,
el Estado asistencial provoca la pérdida de energías
humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos,
dominados por lógicas burocráticas más que
por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme
crecimiento de los gastos. Efectivamente, parece que conoce mejor
las necesidades y logra sastisfacerlas de modo más adecuado
quien está próximo a ellas o quien está cerca
del necesitado. Además, un cierto tipo de necesidades requiere
con frecuencia una respuesta que sea no sólo material,
sino que sepa descubrir su exigencia humana más profunda.
Conviene pensar también en la situación de los prófugos
y emigrantes, de los ancianos y enfermos, y en todos los demás
casos, necesitados de asistencia, como es el de los drogadictos:
personas todas ellas que pueden ser ayudadas de manera eficaz
solamente por quien les ofrece, aparte de los cuidados necesarios,
un apoyo sinceramente fraterno.
49. En este campo la Iglesia, fiel al mandato de Cristo, su
Fundador, está presente desde siempre con sus obras, que
tienden a ofrecer al hombre necesitado un apoyo material que no
lo humille ni lo reduzca a ser únicamente objeto de asistencia,
sino que lo ayude a salir de su situación precaria, promoviendo
su dignidad de persona. Gracias a Dios, hay que decir que la caridad
operante nunca se ha apagado en la Iglesia y, es más, tiene
actualmente un multiforme y consolador incremento. A este respecto,
es digno de mención especial el fenómeno del voluntariado,
que la Iglesia favorece y promueve, solicitando la colaboración
de todos para sostenerlo y animarlo en sus iniciativas.
Para superar la mentalidad individualista, hoy día tan
difundida, se requiere un compromiso concreto de solidaridad y
caridad, que comienza dentro de la familia con la mutua ayuda
de los esposos y, luego, con las atenciones que las generaciones
se prestan entre sí. De este modo la familia se cualifica
como comunidad de trabajo y de solidaridad. Pero ocurre que cuando
la familia decide realizar plenamente su vocación, se puede
encontrar sin el apoyo necesario por parte del Estado, que no
dispone de recursos suficientes. Es urgente, entonces, promover
iniciativas políticas no sólo en favor de la familia,
sino también políticas sociales que tengan como
objetivo principal a la familia misma, ayudándola mediante
la asignación de recursos adecuados e instrumentos eficaces
de ayuda, bien sea para la educación de los hijos, bien
sea para la atención de los ancianos, evitando su alejamiento
del núcleo familiar y consolidando las relaciones entre
las generaciones 101.
Además de la familia, desarrollan también funciones
primarias y ponen en marcha estructuras específicas de
solidaridad otras sociedades intermedias. Efectivamente, éstas
maduran como verdaderas comunidades de personas y refuerzan el
tejido social, impidiendo que caiga en el anonimato y en una masificación
impersonal, bastante frecuente por desgracia en la sociedad moderna.
En medio de esa múltiple inter- acción de las relaciones
vive la persona y crece la «subjetividad de la sociedad».
El individuo hoy día queda sofocado con frecuencia entre
los dos polos del Estado y del mercado. En efecto, da la impresión
a veces de que existe sólo como productor y consumidor
de mercancías, o bien como objeto de la administración
del Estado, mientras se olvida que la convivencia entre los hombres
no tiene como fin ni el mercado ni el Estado, ya que posee en
sí misma un valor singular a cuyo servicio deben estar
el Estado y el mercado. El hombre es, ante todo, un ser que busca
la verdad y se esfuerza por vivirla y profundizarla en un diálogo
continuo que implica a las generaciones pasadas y futuras 102.
50. Esta búsqueda abierta de la verdad, que se renueva
cada generación, caracteriza la cultura de la nación.
En efecto, el patrimonio de los valores heredados y adquiridos,
es con frecuencia objeto de contestación por parte de los
jóvenes. Contestar, por otra parte, no quiere decir necesariamente
destruir o rechazar a priori, sino que quiere significar sobre
todo someter a prueba en la propia vida y, tras esta verificación
existencial, hacer que esos valores sean más vivos, actuales
y personales, discerniendo lo que en la tradición es válido
respecto de falsedades y errores o de formas obsoletas, que pueden
ser sustituidas por otras más en consonancia con los tiempos.
En este contexto conviene recordar que la evangelización
se inserta también en la cultura de las naciones, ayudando
a ésta en su camino hacia la verdad y en la tarea de purificación
y enriquecimiento 103. Pero, cuando una cultura se encierra en
sí misma y trata de perpetuar formas de vida anticuadas,
rechazando cualquier cambio y confrontación sobre la verdad
del hombre, entonces se vuelve estéril y lleva a su decadencia.
51. Toda la actividad humana tiene lugar dentro de una cultura
y tiene una recíproca relación con ella. Para una
adecuada formación de esa cultura se requiere la participación
directa de todo el hombre, el cual desarrolla en ella su creatividad,
su inteligencia, su conocimiento del mundo y de los demás
hombres. A ella dedica también su capacidad de autodominio,
de sacrificio personal, de solidaridad y disponibilidad para promover
el bien común. Por esto, la primera y más importante
labor se realiza en el corazón del hombre, y el modo como
éste se compromete a construir el propio futuro depende
de la concepción que tiene de sí mismo y de su destino.
Es a este nivel donde tiene lugar la contribución específica
y decisiva de la Iglesia en favor de la verdadera cultura. Ella
promueve el nivel de los comportamientos humanos que favorecen
la cultura de la paz contra los modelos que anulan al hombre en
la masa, ignoran el papel de su creatividad y libertad y ponen
la grandeza del hombre en sus dotes para el conflicto y para la
guerra. La Iglesia lleva a cabo este servicio predicando la verdad
sobre la creación del mundo, que Dios ha puesto en las
manos de los hombres para que lo hagan fecundo y más perfecto
con su trabajo, y predicando la verdad sobre la Redención,
mediante la cual el Hijo de Dios ha salvado a todos los hombres
y al mismo tiempo los ha unido entre sí haciéndolos
responsables unos de otros. La Sagrada Escritura nos habla continuamente
del compromiso activo en favor del hermano y nos presenta la exigencia
de una corresponsabilidad que debe abarcar a todos los hombres.
Esta exigencia no se limita a los confines de la propia familia,
y ni siquiera de la nación o del Estado, sino que afecta
ordenadamente a toda la humanidad, de manera que nadie debe considerarse
extraño o indiferente a la suerte de otro miembro de la
familia humana. En efecto, nadie puede afirmar que no es responsable
de la suerte de su hermano (cf. Gn 4, 9; Lc 10, 29-37; Mt 25,
31-46). La atenta y premurosa solicitud hacia el prójimo,
en el momento mismo de la necesidad, —facilitada incluso
por los nuevos medios de comunicación que han acercado
más a los hombres entre sí— es muy importante
para la búsqueda de los instrumentos de solución
de los conflictos internacionales que puedan ser una alternativa
a la guerra. No es difícil afirmar que el ingente poder
de los medios de destrucción, accesibles incluso a las
medias y pequeñas potencias, y la conexión cada
vez más estrecha entre los pueblos de toda la tierra, hacen
muy arduo o prácticamente imposible limitar las consecuencias
de un conflicto.
52. Los Pontífices Benedicto XV y sus sucesores han visto
claramente este peligro 104, y yo mismo, con ocasión de
la reciente y dramática guerra en el Golfo Pérsico,
he repetido el grito: «¡Nunca más la guerra!».
¡No, nunca más la guerra!, que destruye la vida de
los inocentes, que enseña a matar y trastorna igualmente
la vida de los que matan, que deja tras de sí una secuela
de rencores y odios, y hace más difícil la justa
solución de los mismos problemas que la han provocado.
Así como dentro de cada Estado ha llegado finalmente el
tiempo en que el sistema de la venganza privada y de la represalia
ha sido sustituido por el imperio de la ley, así también
es urgente ahora que semejante progreso tenga lugar en la Comunidad
internacional. No hay que olvidar tampoco que en la raíz
de la guerra hay, en general, reales y graves razones: injusticias
sufridas, frustraciones de legítimas aspiraciones, miseria
o explotación de grandes masas humanas desesperadas, las
cuales no ven la posibilidad objetiva de mejorar sus condiciones
por las vías de la paz.
Por eso, el otro nombre de la paz es el desarrollo 105. Igual
que existe la responsabilidad colectiva de evitar la guerra, existe
también la responsabilidad colectiva de promover el desarrollo.
Y así como a nivel interno es posible y obligado construir
una economía social que oriente el funcionamiento del mercado
hacia el bien común, del mismo modo son necesarias también
intervenciones adecuadas a nivel internacional. Por esto hace
falta un gran esfuerzo de comprensión recíproca,
de conocimiento y sensibilización de las conciencias. He
ahí la deseada cultura que hace aumentar la confianza en
las potencialidades humanas del pobre y, por tanto, en su capacidad
de mejorar la propia condición mediante el trabajo y contribuir
positivamente al bienestar económico. Sin embargo, para
lograr esto, el pobre —individuo o nación—
necesita que se le ofrezcan condiciones realmente asequibles.
Crear tales condiciones es el deber de una concertación
mundial para el desarrollo, que implica además el sacrificio
de las posiciones ventajosas en ganancias y poder, de las que
se benefician las economías más desarrolladas 106.
Esto puede comportar importantes cambios en los estilos de vida
consolidados, con el fin de limitar el despilfarro de los recursos
ambientales y humanos, permitiendo así a todos los pueblos
y hombres de la tierra el poseerlos en medida suficiente. A esto
hay que añadir la valoración de los nuevos bienes
materiales y espirituales, fruto del trabajo y de la cultura de
los pueblos hoy marginados, para obtener así el enriquecimiento
humano general de la familia de las naciones.
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